El sector se enfrenta a una fuerte caída de la actividad debido a la paralización de obras que propone subsanar con anticipos reintegrables y reequilibrios de las concesiones.
La parálisis de la construcción, acentuada por el permiso retribuido hasta el 9 de abril, ha dejado a las constructoras en una situación muy delicada para afrontar los próximos meses, mientras dure el confinamiento.
En el sector advierten de que el agotamiento de la caja por la falta de ingresos llevará a muchas firmas a tener que recurrir, además de ERTE, al concurso de acreedores para evitar la quiebra. Para evitar ese extremo, entre las medidas más demandadas figura una moratoria de la banca sobre las obligaciones financieras ante la crisis inminente de liquidez y que el Estado autorice anticipos reintegrables con cargo a certificaciones por trabajos futuros. Según la patronal Seopan, la paralización de la actividad de construcción implica una pérdida de 345 millones de euros por cada día sin trabajar.
Seopan, que representa a los grandes grupos del sector, cree que la situación requiere de medidas a corto plazo y de planes de estímulo a más largo plazo. Justo antes de declararse el estado de alarma, Seopan presentó un informe donde proponía un macroplan de infraestructuras valorado en unos 103.000 millones de euros, «al igual que han realizado otros once países de nuestro entorno», indica Julian Núñez, presidente de Seopan.
A corto plazo, las grandes empresas han propuesto al Gobierno que, para hacer frente a la sequía de ingresos de abril en contratación pública, otorgue anticipos reembolsables con cargo a los ingresos futuros.
Desde el punto financiero, las constructoras también se ven ahogadas por la situación de sus concesiones. En carreteras, las caídas de los tráficos se aproximan al 80%. Inicialmente, el Gobierno recogió en los decretos de medidas urgentes el reequilibrio económico-financiero de todas las concesiones, pero en el último paquete de medidas solo las mantuvo para aquellas posteriores a 2010. «En principio, solo se beneficiaría el peaje en sombra entre Benavente y Zamora», indican las fuentes consultadas sobre la sociedad propiedad de Ferrovial, Acciona y Meridiam.
Seopan ha solicitado al Ministerio de Transportes el requilibrio de todas las sociedades en el plazo de seis meses, ya que los proyectos se encuentran expuestos a compromisos financieros que, de no cumplirse, podrían derivar en la ejecución de garantías por parte de sus acreedores. «Si el Gobierno no decreta sobre este asunto habrá una avalancha de contenciosos en los tribunales», advierten.
Organizaciones como la patronal Anci recomiendan varias soluciones transitorias como, por ejemplo, la entrega de anticipos con cargo a certificaciones de obra futuras o, en el caso de las concesiones basadas en pagos por disponibilidad o peajes en sombra, el abono del servicio como si se tratase de un mes normal. «Estas medidas son aquellas que se basan en que las obras y muchas de las concesiones tienen a 1 de enero sus anualidades consignadas, por lo que se solicita hacer uso de todo ese presupuesto con carácter de urgencia», indican en Anci.
Para la organización que representa a constructoras como Sando, Azvi o Rover, entre otras, la banca debe ser más sensible con aquellos grupos que trabajan con clientes privados. En este caso, Anci reclama a la banca «una prórroga» de los vencimientos y obligaciones de pago al menos dos años hasta que recupere la demanda. «En aquellas obras del sector inmobiliario, residencial o no, en las que intervenga un banco vía crédito promotor, el banco tiene que garantizar la cadena de pagos al constructor y al promotor usando la línea de avales del Estado».
Fuerza mayor
Entre las medidas que requieren un mayor gasto, las empresas proponen que se reconozca la suspensión de los trabajos por el Covid-19 como causa de fuerza mayor que, como se regula la ley de contratos, conlleva una serie de compensaciones por gastos salariales, alquiler de maquinaria, servicios prestados en las obras, garantías y seguros.
En Cataluña, la Cámara de Contratistas de Obras (CCOC) también reclama agilizar la tramitación de los ERTE, ejecutar medidas para garantizar la liquidez de las empresas y que la Administración trabaje para que se garantice la continuidad de las licitaciones públicas cuando se supere el estado de alarma. También plantea una moratoria en el pago de impuestos durante seis meses y que se sigan sacando a concurso proyectos de arquitectura e ingeniería con la intención de acelerar las licitaciones cuando se supere la actual situación.
Fuente: https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2020/04/02/5e85c13ae5fdeacb0d8b457e.html
