España aumentó la contratación pública un 38,7% en 2019, hasta 9.891 millones de euros, y acumula así tres años de crecimiento. Este impulso se sustenta, fundamentalmente, en el empuje del Estado, que en el último ejercicio más que duplicó sus cifras con la adjudicación de significativos proyectos tanto en líneas de alta velocidad como carreteras. Las Comunidades Autónomas, por su parte, experimentaron un alza del 7%, mientras que las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos,), por el contrario contrajeron el volumen contratado un 3,9%, según los datos avanzados que ha recabado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
Los casi 10.000 millones adjudicados por las Administraciones Públicas en España en 2019 representan el nivel más elevado desde el ejercicio 2010, cuando la crisis golpeaba a la economía española y, muy especialmente, al sector de la construcción, con toda su crudeza. Aún está lejos de los 16.734 millones que marcaron el récord en 2009, pero casi triplica los 3.675 millones que fijaron el suelo en 2016.
El Estado, con el Ministerio de Fomento (ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) a la cabeza, selló contratos por un importe de 4.894 millones de euros el año pasado, lo que implica una subida del 121,7% con respecto a los 2.207 millones de 2018.
En este crecimiento, Adif ha tenido un papel protagonista con la adjudicación de proyectos relevantes en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. También la Dirección General de Carreteras (DGC) aumentó las contrataciones en 2019, después de un 2018 en el que la nueva ley de contratos del sector público paralizó durante meses su actividad inversora. En el ámbito viario, además de nuevas obras, sobresalen los proyectos para conservación y mantenimiento.
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por su parte, aceleraron en los últimos meses del año, toda vez que hasta agosto presentaban descensos en la contratación del 16,5% y 37,7%, respectivamente. En el primer caso, incluso lograron darle la vuelta y cerrar con un alza del 7%, al pasar de 2.425 millones en 2018 a 2.594 millones en 2019. Las Corporaciones Locales, por su parte, moderaron el recorte y finalizaron el ejercicio con una bajada del 3,9%, hasta los 2.402 millones de euros.
Los organismos públicos también incrementaron las licitaciones de proyectos en 2019, con un crecimiento del 11,8%
Con ello, la suma de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se situó en 4.996 millones, un 1,5% más que los 4.924 millones del año anterior. Disiparon así en la recta final del año la tendencia negativa que hacía presagiar un ajuste de alrededor de 1.500 millones (caída de más del 30%). La adjudicación de obras en los entes autonómicos y locales se vio impactado el pasado curso por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por tanto, de los techos de gasto, circunstancia que, según señalan en el sector, inhabilita a muchas Administraciones Públicas a poder acometer las necesidades de inversión que tienen previstas. Asimismo, el escenario político y las incertidumbres respecto a la conformación de gobiernos también afectaron al ritmo de contratación, máxime en la comparativa con 2018 puesto que aquel año los múltiples procesos electorales propiciaron que se aceleraran proyectos de infraestructuras.
Al margen de la contratación, los organismos públicos también incrementaron las licitaciones de proyectos en 2019, con un crecimiento del 11,8%, hasta los 18.545 millones de euros, frente a los 16.583 millones de un año antes, de acuerdo con los datos recogidos por Seopan a partir de la información pública.
Adif encabeza la licitación
Del total, la Administración General del Estado aportó 6.343 millones de euros, un 17,4% más que los 5.402 millones registrados en 2018. De esta cantidad, 1.924 millones corresponden a Adif, 1.439 millones a la DGC, 899 millones a Aena y 497 millones a Puertos.
Mientras, las Comunidades Autónomas elevaron sus concursos a 6.159 millones en 2019, un 47,7% más que en el ejercicio anterior, con la Junta de Andalucía (1.349 millones), la Comunidad de Madrid (1.046 millones) y Cataluña (796 millones), a la cabeza. Los Ayuntamientos, por su parte, contrajeron las licitaciones un 13,8%, hasta los 6.044 millones.
(fuente: el economista)
