Las constructoras habían reclamado al Gobierno que continuara la actividad con mayor flexiblidad
Hasta el viernes, el 72% de los contratos de carreteras continuaban con su actividad normal
El cese de todas las actividades no esenciales durante las próximas dos semanas implica la paralización de prácticamente todas las obras en España. El impacto por esta suspensión temporal tendrá un impacto de más de 5.000 millones de euros en la economía española, equivalente a cerca del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra que es en realidad mayor por los efectos que ya durante el mes de marzo ha tenido sobre el sector la declaración del estado de alarma y que ha provocado la ralentización, y en algunos casos suspensión, de un elevado porcentaje de los proyectos en marcha.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) advirtieron la semana pasada de la necesidad de «continuar con la actividad constructora» y pidieron al Gobierno medidas de flexibilidad para poder suspender, reducir o prorrogar la actividad de las obras en curso, sin penalizaciones, durante el tiempo necesario, si la empresa tuviera dificultades para cumplir con las exigencias requeridas de salud y seguridad para los trabajadores y/o si las constructoras no pueden desarrollar la actividad debido a la interrupción de suministros o la escasez o falta de personal a raíz del COVID19.
Las obras públicas producen de media 1.233 millones al mes y las obras privadas 9.104 millones mensuales
Seopan estima que las obras públicas producen de media 1.233 millones de euros al mes con 152.000 empleos directos, y las obras privadas 9.104 millones mensuales con 1.116.600 empleos directos. «Y un mes de suspensión total de la actividad, implicaría cerca de un punto porcentual menos de PIB anual, afectando a más de 1.270.000 trabajadores», alertó la semana pasada. Por tanto, la parálisis de las obras supondrá un impacto de cerca de medio punto del PIB (más de 5.000 millones) siempre y cuando el endurecimiento del estado de alarma decretado este domingo concluya el próximo 9 de abril.
A ello se suman la ralentización de los trabajos ya registrada en las últimas semanas y cuyos efectos económicos son aún difíciles de contabilizar. Hasta comienzos de la pasada semana, Adif, el mayor generador de obras de España, había suspendido o ralentizado más de la mitad de sus contratos de AVE. Considerando tanto los proyectos de alta velocidad como de la red convencional, 115 de las 203 actuaciones relevantes en marcha seguían desarrollándose con normalidad. Aena, por su parte, sí ha acometido una suspensión más generalizada de sus proyectos de construcción.
Mientras, en el caso de la Dirección General de Carreteras (DGC), los trabajos continuaban, en general, hasta el pasado viernes. En el momento de la declaración del Estado de Alarma estaban activas 58 obras de construcción de carreteras por un importe de 3.288 millones de euros, según datos oficiales a los que ha tenido acceso ‘elEconomista’. En 16 de ellas se había producido «algún tipo de incidencia, como reorganización de algunos trabajos ante la imposibilidad de contar con hoteles y restaurantes para determinados operarios o de mantener las distancias necesarias, por la propia naturaleza de dichos trabajos», según explican desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto supone que más del 72% de las obras «han mantenido su actividad normal sin afecciones significativas» por el coronavirus en el 26 % se ha continuado con la reorganización necesaria. Tan solo se había solicitado la suspensión de la obra por parte de un contratista, lo que supone menos de un 2% de las obras activas.
En términos de actividad, la construcción representa el 10% del total de la economía española, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros
Seopan hace hincapié en que «el sector de la construcción e infraestructuras tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, al tratarse del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía, 1,92 euros por euro invertido, con la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos – únicamente 9 de cada 100 euros producidos tienen su origen fuera de España ».
En términos de actividad, representa el 10% del total de la economía española, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros y una ocupación de 1.268.600 trabajadores. Por origen de demanda, el 12% es pública y el 78% privada.
Únicamente la actividad económica en contratos públicos de obras en ejecución con todas las Administraciones y entidades públicas empresariales – sin incluir contratos públicos de suministros, de servicios y de concesiones – representó en 2019 más de 14.800 millones, correspondiendo un 36% a la Administración General del Estado, un 28% a las Comunidades Autónomas y el 36% restante a las Administraciones Locales.
«El ministro es consciente de la opinión del sector en el sentido de continuar las obras», señaló el presidente de la CNC, Juan Lazcano
El sector había trasladado sus demandas al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. «El ministro es consciente de la opinión del sector en el sentido de continuar las obras», señaló el presidente de la CNC, Juan Lazcano, el pasado jueves a elEconomista.
El propio Ábalos, explicó horas después que «sobre las obras lo que no hay es ninguna decisión de mantener la obligatoriedad de mantenerlas«. Ahora bien, incidió en que más allá del «objetivo fundamental» de combatir la pandemia, «tenemos que dejar una cierta base que nos permita tener una estructura de servicios y de abastecimiento, una cierta base económica que nos permita también hacer frente a esta cuestión sanitaria».
«Porque efectivamente no podemos permitirnos el lujo de destruir toda nuestra base económica y aunque pueda entenderse que hay algunas actividades que aparentemente no sean esenciales, forman parte de una cadena que sin duda contribuyen a mantener esa base económica posible, que es la que nos permite, en cierta forma, garantizar el abastecimiento y el aprovechamiento, y pasar en definitiva esta situación de encierro», subrayó, al mismo tiempo que «nos va a permitir después salir con mayor fortaleza, una vez superemos la batalla a la pandemia».
La suspensión de las obras
Ábalos insistió en que no «hay ninguna obligatoriedad de mantenerlas (las obras)» y recordó que en el caso de la obra pública, «en el propio decreto (el Real Decreto 463/2020) establecimos un artículo que se refiere a la posibilidad de la suspensión de las obras públicas y se detalla y se determina un procedimiento de supervisión con tal de que se pueda suspender esas obras». «Por lo tanto indicó-, la posibilidad existe y en ese sentido, tanto los privados como las distintas administraciones, pueden efectivamente contribuir a la suspensión de estas obras si las consideran innecesarias».
Sin embargo, la decisión final del Gobierno ha sido la de parar todas o prácticamente todas- las obras que hay en ejecución en España. Así se lo habían pedido, por el contrario, los arquitectos, aparejadores e ingenieros de obras públicas, los sindicatos CCOO y UGT o la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros.
Fuente: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10449859/03/20/El-cesde-de-las-obras-golpeara-en-mas-de-5000-millones-a-la-economia-de-Espana.html
